Día Internacional de las personas con discapacidad. 2021
LA COVID-19 como factor de riesgo en la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
- Los contratos a personas con discapacidad crecen un 22%
- Más de 39.000 empleos
- Los contratos a jóvenes crecen hasta el 33%
Es evidente que la irrupción de la COVID-19 ha supuesto un antes y un después para el conjunto de la sociedad, sin embargo hay segmentos de la misma que se han visto afectados de forma más incisiva. Por ello, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hay que significar el actual estado de situación de un colectivo que representa el 6,2% de la fuerza laboral de nuestro país, más de un millón ochocientas mil personas (3.257.058 si sumamos a las personas mayores de 64 años) que resisten los empujes de una pandemia que parece no tener fin.
Tras un devastador año 2020, se esperaba que 2021 marcara la senda de la recuperación y aunque hay indicadores que apuntan en dicha dirección, lo cierto es que aún queda un enorme camino que recorrer en dos sentidos:
- Por un lado, como paso imprescindible, es necesario recuperar al menos los datos de contratación prepandémicos.
- Y por otro, es preciso trabajar de forma conjunta en mejorar los registros sociolaborales vinculados al colectivo. Registros que evidencian situaciones discriminatorias en el acceso al empleo y en las condiciones laborales, las culés viene marcadas por la precariedad.
La crisis sanitaria que se resiste a marcharse conlleva efectos económicos y sociales que generalmente perjudican a los más desfavorecidos como el caso de las personas con discapacidad. El empleo como pilar fundamental que sostiene y estructura nuestra sociedad marca el devenir de la mayoría de las personas, así 2020 supuso la destrucción de más de 100.000 contratos a personas con discapacidad un 30% menos que los registros del año precedente y la ruptura de siete años ininterrumpidos de crecimiento.
2021 muestra un nuevo panorama, el crecimiento en el número de contratos ya se cifra en un 22% respecto al tercer trimestre de 2020, una recuperación sustancial, aunque aún insuficiente. Si la comparativa la hacemos con datos anteriores a la pandemia, aún contamos con un 17% menos de contratos a personas con discapacidad. Es decir, la situación ha mejorado respecto a 2020 pero no ha logrado recuperar los niveles de contratación previos a la crisis COVID-19.
En definitiva, hoy más que nunca hay que hacerse oír dando voz y visibilidad a las personas con discapacidad un colectivo que por efectos de la COVID-19 ha visto empeorada su salud física en un 34,4%, un 57,7% empeora su salud psíquica y un 33,5% ha consumido ansiolíticos y/o antidepresivos.
Hay muchos indicadores que nos explican y describen la situación actual del colectivo de personas con discapacidad las resumimos en estos once puntos que consideramos claves:
1. UN COLECTIVO DIVERSO
1.876.900 personas con discapacidad de 16 a 64 años, lo que representa el 6,2% de la fuerza laboral en España. Caracterizado por su enorme diversidad, en realidad se trata de un colectivo de colectivos con realidades diversas y problemáticas diferenciadas y específicas, donde las mujeres representan el 43,2% y los más jóvenes un 5,2%. Con un 44,3% de personas con discapacidad física, un 17% con discapacidad psicosocial, el 10,3% tiene discapacidad intelectual y entre las discapacidad de tipo sensitivo el 4,9% son visuales y un 4,6% tiene discapacidad auditiva, resta un 18,9% de personas con incapacidad reconocida.
2. NIVEL FORMATIVO.
La formación es sin duda la pieza clave para completar el puzle que supone el acceso al empleo y sobre la que aún resta un enorme trabajo que hacer, la distancia con la población general es aún notable. Se requiere trabajar orientados hacia la mejora de los niveles formativos del colectivo a fin de garantizar una plena integración. Como ejemplo destacar que sólo el 16,9% tiene estudios universitarios frente al 36,4% en las personas sin discapacidad, casi el 5% no tiene estudios frente a un porcentaje inferior al 0,5% en las personas sin discapacidad.
3. INTEGRACIÓN LABORAL
Solo 1 de cada 4 personas con discapacidad se encuentra actualmente trabajando. Es sin duda uno de los indicadores más significativos evidenciando que nuestro sistema no parece tener respuesta a las demandadas de empleo de un colectivo deseoso de hacerlo. Las diferencias en cuanto a actividad, empleo y paro con la población sin discapacidad son abismales el paso de los años no parecen reducirlas así estamos hablando de 43 puntos menos en la tasa de actividad, 41 puntos menos en la tasa de empleo y hasta 9,7 puntos por encima de la tasa de paro de la población sin discapacidad.
4. CONDICIONES LABORALES
Las condiciones laborales no experimentan tampoco grandes mejoras y apenas se estrecha el margen existente respecto a las personas sin discapacidad; el 90% de los contratos a personas con discapacidad son temporales y La tasa de baja intensidad laboral (la persona ha trabajado menos de un 20% de su potencial tiempo de trabajo) es del 24%, frente al 9,9% entre la población sin discapacidad.
5. CONTRATACIONES
El dato para el año 2020 fue de 248.486 contratos a personas con discapacidad, lo que representaba tan solo el 1,6% del total del empleo creado. Como hemos señalado esta cifra supone un 30% menos de contratos comparado con los alcanzados en 2019.
6. SALARIOS
Los salarios de las personas con discapacidad son un 16,1% más bajos que los del resto de la población. Las personas con discapacidad perciben 20.574,1€ brutos anuales de media, es decir, casi 4.000 euros menos al año.
7. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Se trata del sustento fundamental del trabajo inclusivo. Representan el 34,9% de los contratos realizados al año (86.706 en el último ejercicio). Obviamente no quedan al margen de las devastadoras consecuencias de la COVID-19, sin embargo, los datos parecen evidenciar que han sabido mantenerse con menores pérdidas de empleo.
8. GRADO DE INCLUSIÓN de la discapacidad en las empresas en España
El 58,5% trabajadores asalariados trabajan en entornos laborales no inclusivos con las personas con discapacidad. Es decir, que en dichas empresas (mayores de 50 empleados) no se alcanza la cuota de reserva para personas con discapacidad. Este factor no solo alerta de la necesidad de garantizar el cumplimiento de dicha cuota incide también, en la normalización de la discapacidad en el tejido laboral y en que la presencia de personas del colectivo sea algo habitual en las empresas.
9. TASA DE RIESGO DE POBREZA
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social para las personas con discapacidad es del 33,8%, casi seis puntos por encima de la población general. Además, tener empleo no evita el riesgo de exclusión social, es decir, entre aquellas personas con discapacidad empleadas, la tasa se posiciona en el 19,9%.
10. PRESTACIONES
El 31,9% de las personas con discapacidad en edad laboral no perciben ninguna prestación (599.300 personas). En un complejo panorama de acceso al empleo y con una pandemia afectando a todo el ecosistema laboral y con las precarias condiciones laborales y los bajos salarios ya señalados, hay que poner especial atención a los más desfavorecidos garantizando una cobertura social suficiente a través de prestaciones en tanto el empleo no es una opción.
11. CONTRIBUCIÓN DEL GRUPO SOCIAL ONCE
Configura otro de los puntales clave para garantizar el de empleo del colectivo. El Grupo Social ONCE cuenta con 40.352 personas con discapacidad en plantilla, lo que supone una contribución del 8,3% de los ocupados con discapacidad en España.
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